Antes de la Constitución del 80, que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, la dictadura dio un nuevo golpe al sistema universitario chileno mediante un Decreto con Fuerza de Ley publicado en enero de ese año. Qué huellas quedan de esta normativa que, entre otras cosas, desmembró a la Universidad de Chile de sus sedes regionales y permitió la creación de planteles privados, es lo que analizan Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello y los investigadores del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Sergio Celis y Andrés Donoso.
“La libertad académica incluye la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia”. El artículo 5 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que Fija normas sobre universidades, publicado el 3 de enero de 1981, marcó así la historia de la educación superior del país, en particular la de la Universidad de Chile.
Con la imposición de esta iniciativa legal, la primera enmarcada en el campo de la Constitución de 1980, se dio inicio a la posibilidad de crear universidades privadas, y se desarticuló completamente la red de universidades públicas existentes hasta ese momento, incluyendo las sedes regionales de la Casa de Bello y la pérdida de su Instituto Pedagógico.
¿Por qué este fue una de las preocupaciones centrales en el marco de la entonces nueva Constitución? Para la historiadora y directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya, esto tiene que ver con que “la educación superior y los estudiantes universitarios fueron vistos como uno de los focos de mayor peligro respecto de un proyecto político distinto”, lo que trajo como consecuencia una rápida intervención militar en este ámbito. Esto se materializó a inicios de la dictadura, por ejemplo, con las exoneraciones y persecución política, evidenciada a su vez en los sumarios administrativos.
“Es una forma de desarticular ese impacto de la U. de Chile”, y aplicar “lo que se pensaba en términos formativos, que está en el artículo 6 de la ley, que es esta premisa de que educarse es ir a estudiar tranquilo, calladito, en que se estigmatiza la palaba política como un elemento negativo y peligroso para el orden social”, agrega.
Para el investigador del Instituto de Estudios Avanzados e Educación (IAE), Andrés Donoso, esta ley quería atender tres aspectos centrales. Primero, “despolitizar las universidades, entendidas según las autoridades de entonces como focos de protesta y/o desestabilización”. Segundo, “disminuir la carga económica que significaban las universidades para el erario público, pues se les destinaba una porción sustantiva del presupuesto nacional en un contexto de crisis política y de crisis económica internacional”. Tercero, “íntimamente ligado a lo anterior, propiciar la creación de un mercado autónomo de la educación superior, donde los fondos públicos tendieran a ser los mínimos posibles”.
Esto último, señala el también investigador del IAE, Sergio Celis, asociado a la noción de autonomía y libertad académica, permitió que “cualquier grupo pueda construir, de una manera relativamente sencilla, una universidad, y realizar sus planes de enseñanza”. Incluso, señala el académico, “hay un chiste que grafica muy bien esto, y es que en el tiempo de la dictadura era ‘más fácil’ abrir una universidad que un club deportivo”.
En definitiva, plantea el profesor Donoso, “conforme a sus propios objetivos, la ley fue exitosa, pues consiguió, efectivamente, imprimirle una lógica neoliberal al subsistema de educación superior”. Esta ley “consiguió adecuar la universidad al escenario neoliberal que se estaba forjando, propósito que consiguió también gracias a las adecuaciones legislativas que se le hicieron en las décadas sucesivas».
En 2018 se dictó la Ley 21.091 Sobre Educación Superior, la cual intenta recuperar algunos principios fundamentales del derecho a la educación desde una lectura menos neoliberal. Ante esta iniciativa legal, advierte Alejandra Araya, cabe preguntarse “hasta qué punto esta ley y otras paralelas han desarmado la ley del ’81, en términos de un espíritu, de la función de las universidades, de qué es lo que garantiza el Estado como educación”.
Para el profesor Celis, estas leyes, a pesar de sus avances en materias como la democratización, “son mitigadoras pero son más cosméticas. No profundizan en cambiar los pilares y el engranaje del sistema. Son declaraciones importantes, que van dando orientaciones nuevas hacia lo que viene, pero no cambia el modelo fundamental de una educación superior basada en ciertas competencias, con poca capacidad de generar un espacio público de debate y de acceso y de construcción de un mejor país”.
Educación superior en una nueva Constitución
“Creo que el contexto cambió con el estallido social y con la posibilidad de una nueva Constitución, lo cual obliga a volver a pensar estos principios”, señala Alejandra Araya. En este sentido, plantea que será imperioso “repensar la cuestión de la autonomía”. En ese sentido, prosigue, “va a haber que tomar definiciones porque a lo mejor puedes ratificar lo que ya tienes, o puedes decir que quieres pensarlo de una manera distinta, o volver a algunos principios que sean considerados fundamentales para una sociedad democrática en un sentido contemporáneo”.
Para el profesor Donoso, “la nueva universidad debe recuperar su autonomía, es decir, arrebatarle al mercado (y sus agentes intermediarios/as) las decisiones claves en materia institucional para poner a los criterios culturales y/o educacionales, entre ellos los méritos del estudiantado, el interés nacional y la preocupación por la justicia social, como los principales regentes de su destino”
Finalmente, el profesor Celis apunta a tres ámbitos: “primero, más general, y abarca toda la educación, es que ojalá que en la Constitución haya un principio más fuerte de educación pública, que no está en la que nos rige actualmente. Que se declare como algo que le sirve a la nación y como un lugar donde se encuentran los distintos sectores de la sociedad”.
Segundo, que se vea al sistema de educación superior en general “como una etapa importante de los proyectos de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, durante toda su vida”. Y tercero, revertir que en Chile “aún no haya un convencimiento de que las universidades son un socio importante para dar un salto hacia un país justo”.
Texto: Francisca Palma
