La Comisión de Derechos Humanos del Senado, junto a la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, encomendaron a un grupo de trabajo dirigido por Claudio Nash, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, desarrollar una propuesta enfocada en reconocer y garantizar una reparación integral a quienes hayan sufrido violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la Corporación 3 y 4 Álamos acaba de otorgarle a esta Cátedra la Medalla de Honor por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en reconocimiento a su trabajo.
Según su propia definición, sólo el Estado puede cometer violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, es el Estado el obligado a garantizar que los derechos humanos sean respetados a cabalidad. Este doble deber ha marcado siempre la compleja relación entre el Estado y las víctimas, en tanto ellas dependen del aparato estatal a la hora de restituir su dignidad y reclamar la defensa de sus derechos.
En Chile, tras la revuelta de octubre de 2019, esta relación siempre conflictiva entre Estado y derechos humanos se ha vuelto a tensar debido a los graves casos de violencia y abusos perpetrados por efectivos policiales durante las manifestaciones sociales, que dejaron, entre otras consecuencias, a cientos de víctimas con severos traumas oculares.
La Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, creada en 2015 con el objetivo de desarrollar actividades de extensión, investigación y docencia en el ámbito de los derechos humanos y fomentar ese intercambio con la sociedad civil, ha tomado un rol cada vez más activo, generando vínculos de trabajo y colaboración entre las organizaciones sociales de derechos humanos, los organismos internacionales que velan por ellos y el propio Estado y sus instituciones.
Sin ir más lejos, fue la Cátedra de Derechos Humanos la que el mismo 19 de octubre, un día después del estallido, emitió la primera declaración pública advirtiendo sobre los peligros asociados al establecimiento de un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, anticipándose a lo que sucedería más tarde en materia de derechos humanos. También fue la Cátedra la que propició una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que estaba ocurriendo en Chile, la que se desarrolló en Quito, Ecuador, el 11 de noviembre de 2019; y más tarde gestionó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Chile, que tomó nota de primera mano de los graves actos de violencia de los que estaba siendo víctima la población civil.
Es por esta comprometida e intensa labor, que ha logrado traspasar el ámbito meramente académico, que hace más de un mes la Cátedra de DD. HH. recibió la invitación desde el Senado de la República para liderar la propuesta de una ley general de reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos. “Nos pareció pertinente el aporte que pueden hacer en la articulación de una serie de referencias nacionales e internacionales en DD.HH. para elaborar un proyecto de ley inédito de bases generales sobre DD.HH. y reparación integral, debido no sólo al prestigio que tiene la Universidad de Chile sino al compromiso permanente que ha demostrado la Cátedra con la agenda social en DD.HH., y particularmente el profesor Claudio Nash”, explica Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado.
La convocatoria del Senado coincide además con la distinción que esta semana le extendió la Corporación 3 y 4 Álamos, un parque por la Paz, la Memoria y la Justicia a la Cátedra de DD.HH. con la entrega de la Medalla de Honor por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la que antes le ha sido concedida a figuras y agrupaciones como Mariano Puga, Roberto Garretón, Londres 38, CODEPU, Hiram Villagra y Alicia Lira, entre otros. La ceremonia oficial se realizará el próximo 30 de enero, durante la conmemoración anual de los ex presos políticos sobrevivientes de 3 y 4 Álamos durante la dictadura militar.
Para la vicerrectora Faride Zerán -impulsora, en 2015, de la formación de la Cátedra de DD.HH.-, estas distinciones son “el reflejo del camino que nos hemos trazado, que no es otro que ponernos a disposición de los desafíos tanto de nuestra Institución como de la sociedad en su conjunto en materia de derechos humanos, memoria histórica, verdad y justicia. Entendemos que la Universidad de Chile se debe a la sociedad, ese es su rol, y es lo que hemos intentado cumplir a cabalidad desde las diversas líneas de trabajo impulsadas por la Cátedra. Es lo que hemos hecho, en el pasado, con el proceso de titulaciones póstumas y simbólicas para estudiantes detenido/as desaparecido/as y ejecutado/as político/as y lo que seguimos haciendo tras el estallido social con la visibilización de las violaciones a los derechos humanos”, agrega.
En tanto, el profesor de la Facultad de Derecho y coordinador académico de la Cátedra, Claudio Nash, enfatiza que siempre ha sido uno de los objetivos principales de la Cátedra de Derechos Humanos “generar una comunicación entre la universidad y las académicos y académicas, sus investigaciones, trabajos, con la comunidad. Que esto no quedara encerrado en los campus de la universidad”. Por otra parte, agrega que “ahora la responsabilidad es aún mayor con la labor de proyectar una ley general para víctimas. Si logramos establecer una reparación integral asociada a mecanismos de exigibilidad, vamos a estar marcando un hito en la historia de los DD.HH. en Chile”.
Los pilares: reparación y no repetición
Claudio Nash es enfático en aclarar: “esta no es una ley de respeto a los derechos humanos, sino una de reparación, es decir, del trato que deben tener las víctimas cuando son vulneradas”.
Si bien Chile está suscrito a los principales convenios internacionales en defensa de los DD.HH., como el de la Organización de las Naciones Unidas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo los derechos humanos son continuamente vulnerados. ¿Qué hacer una vez que esto sucede?
En 2011 se promulgó en Colombia la ley general de víctimas de derechos humanos, lo mismo que sucedió en México en 2013. Son estas experiencias las que hoy la Cátedra de DD.HH. toma como modelos de estudio ante la misión de proyectar una ley para Chile. “Estos primeros meses serán de investigación de estudio de casos comparados, hemos solicitado ya que la Biblioteca del Congreso haga un barrido general de las mejores experiencias de la región y el próximo 25 de enero haremos internamente una primera exposición de experiencias comparadas”, explica Nash.
En efecto, haciendo uso de los vínculos que durante estos cinco años ha establecido la Cátedra con diferentes organizaciones nacionales e internacionales en DD.HH., se planea convocar a varias de ellas, desde la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pasando por Global Human Right, ICTJ, Londres 38 y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Proyectamos en este primer semestre escuchar la opinión de las organizaciones y que esta se vea reflejada en el futuro borrador. En esto hemos tenido la total disposición de la mesa del Senado, para que sea una discusión lo más abierta y participativa posible”, plantea el profesor Nash.
Si bien los puntos deben ser discutidos y analizados, Nash advierte dos aspectos esenciales que debieran estar presentes en el núcleo del proyecto de ley: una reparación integral a la violación de los derechos humanos que se haga cargo de todos los efectos negativos en las víctimas y su entorno, y que adopte medidas de carácter restitutivo y compensatorio, como indemnizaciones económicas y actos simbólicos; y, por otro lado, garantías de no repetición, es decir, que el Estado asegure que estas violaciones no vuelvan a suceder.
“La reparación debe ir asociada a mecanismos concretos que le permitan a las personas reclamar estas reparaciones de forma efectiva, rápida y oportuna, y no que se declare algo que luego demore tanto y no se pueda concretar”, apunta el el doctor en Derecho y académico de la U. de Chile.
La discusión del proyecto de ley se empalma con el debate en el actual proceso constituyente. Sin embargo, Nash enfatiza que la ley general a víctimas de derechos humanos debe tener mayor urgencia, y que lo ideal sería que estuviera promulgada en el primer semestre de 2022.
“Si tenemos un buen proyecto que haya generado consenso en su elaboración, en que el Ejecutivo y las organizaciones sociales hayan participado activa y abiertamente, el trámite debiera ser rápido. Creo que es una fecha realista, considerando que durante el segundo semestre tendremos una nueva campaña presidencial y la elección de parlamentarios, entonces al menos este debiera dejar todas las bases para que el proyecto de ley general quede listo a finales de 2021”, concluye.
Denisse Espinoza – periodista Vexcom
