La directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, y la estudiante Fernanda Arias, ambas de la Facultad de Derecho, presentaron en Valparaíso, en la sede del Congreso Nacional, un panorama de las condiciones institucionales de violaciones de derechos humanos ante los parlamentarios Boris Barrera (PC), Sofía Cid (RN), Gastón Saavedra (PS), Daniel Verdessi (DC) y Gastón Von Muhlenbrock (UDI).
La abogada y académica Nancy Yáñez ordenó su presentación para, en primer lugar, definir si los hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales constituyen violaciones a los derechos humanos; luego si es posible hablar de sistematicidad y posteriormente abordar las eventuales responsabilidades políticas del Presidente de la República.
De esta manera explicó cómo, basándose en el derecho internacional y en los acuerdos suscritos por el Estado de Chile, “la tortura y tratos crueles y degradantes están expresamente prohibidos por el derecho internacional de los DD.HH. Dicha prohibición subsiste en las circunstancias más difíciles, y dentro de las circunstancias difíciles se citan las guerras, las amenazas de guerra, la lucha contra el terrorismo y cualquier otro delito, el estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades publicas, es decir, no puede utilizarse el contexto de las situaciones que están ocurriendo en el país para suprimir los derechos fundamentales”.
La profesora Nancy Yáñez explicó detalladamente ante la comisión -también bajo el prisma de los estándares internacionales- las condiciones requeridas para hablar de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos. “El análisis contextual nos debe llevar a verificar extensión geográfica y temporal de los hechos, es decir, si han ocurrido en todo el territorio nacional». Esto, indicó, «la cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones de represión, la existencia de patrones de conducta que se han llevado a cabo con conductas definidas y avaladas desde la cúspide del modelo estatal». Según detalló la académica «existe sistematicidad cada vez que un conjunto de actos no se explican por el azar, sino que responden a actos que resguardan cierta similitud”, señaló.
Para definir la eventual responsabilidad del presidente Piñera, la directora del Centro de Derechos Humanos planteó que existen diferentes niveles. Por un lado, está el “discurso público de demonización de los protestantes, donde la expresión más clara por parte del presidente fue la frase ‘estamos ante un enemigo poderoso’, siendo aval político de las fuerzas de orden y seguridad pública”, y por último aspectos como la ocurrencia de eventos similares en diferentes lugares del país, su persistencia en el tiempo, el uso de recursos públicos, la intervención de prácticamente la totalidad de las fuerzas de orden y seguridad, y el uso de militares para contener el orden público.
“Esos ámbitos deberían ser analizados para definir si, habiéndose cometidos hechos que sin lugar a dudas han sido constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, cumpliéndose todas las condiciones para sostener que son sistemáticos y generalizados, cuales son las actuaciones que el Presidente de la República ha tenido y que implican responsabilidad política respecto a estos hechos”.
Texto: Muriel Solano
Fotografías: Gentileza Cámara de Diputados.
