Joane Florvil, mujer y madre haitiana, migró a Chile con el objetivo de asentarse en un país que la acogiera y recibiera, contemplando en ello la posibilidad de desenvolverse en un nuevo espacio, que ofrecía opciones y oportunidades de vida. Lamentablemente, las circunstancias y las instituciones involucradas en su detención fueron un ejemplo más del racismo y la xenofobia, prácticas arraigadas en el seno de la sociedad. Así fue como un día 30 de septiembre, la joven madre falleció en un hospital clínico de la capital.
El fallecimiento de Joane hasta el día de hoy es motivo de análisis frente a las evidentes vulneraciones a sus derechos, la negligencia de los actores involucrados y el racismo institucional que operó. Al respecto, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, a través de sus integrantes, analiza cómo Chile enfrenta este nuevo 30 de septiembre.
Ximena Póo, coordinadora académica de la Cátedra, califica como dolorosa esta fecha “porque da cuenta del racismo, de la violencia estructural del Estado chileno, de la sociedad chilena hacia personas migrantes vulneradas en sus derechos. Creemos que es importante honrar la memoria de Joane Florvil y de todas y todos aquellos que han muerto o han sido dañados física y psicológicamente en Chile a partir de hechos deplorables y condenables”.
La también académica de la Facultad de Comunicación e Imagen señala que es importante educar, formar y estar siempre presente apoyando a las organizaciones migrantes y aquellas organizaciones internacionales que tienen una mirada con perspectiva de derechos sobre la movilidad humana. “Chile está al debe con tratados internacionales y creemos que la política migratoria que se está planificando en este gobierno puede dar luces sobre nuevas formas de abordar el tema migratorio en el país, a pesar de una ley restrictiva que nos rige. Por lo mismo, esta fecha es importante para reflexionar y actuar contra el racismo en todas sus formas”, destaca.
Al respecto, la también integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas y académica de la Facultad de Medicina de la institución, Viviana Riquelme, puntualiza que tras diversos análisis de antecedentes se puede aseverar “serias debilidades y procedimientos no ajustados a los derechos humanos que permitieron que ella fuese acusada, detenida, no posibilitando su defensa, pues -entre otras cosas- se actuó en base a estereotipos y prejuicios raciales (como que las madres haitianas no cuidan adecuadamente a sus bebés) y no se le otorgó garantías, no solo de la traducción adecuada al idioma local, sino también la comprensión de estar frente a una mujer que vivía el impacto de estar siendo acusada de un delito, enjuiciándola anticipadamente y de manera errónea e injusta”.
La profesora del Departamento de Terapia Ocupacional también apunta a las instituciones involucradas antes del fallecimiento de Joane Florvil. En esta línea, destaca que resulta “crudo reconocer las prácticas racistas que operan aún en la actualidad. A partir de este caso, es imperativo replantearse las formas de relaciones y cómo estamos funcionando cada integrante de estas instituciones y de la sociedad en su conjunto, de modo que esta vida perdida de Joane, mujer migrada de Haití, nos recuerde las profundas transformaciones que el país en su conjunto requiere”.
Rita Lages, integrante de la Cátedra y académica de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, comenta que Joane Florvil fue víctima de una discriminación múltiple “por ser mujer, migrante, negra y haitiana (minoría nacional y lingüística). Esa discriminación causó la vulneración de varios de sus derechos y terminó de la peor forma posible, es decir, con su muerte y sin poder reencontrarse con su hija”.
Con el objetivo de que casos como el de Joane Florvil no se repitan más, la abogada y experta en Derecho Internacional enfatiza que las personas migrantes en Chile son titulares del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso. “Estos derechos, además de consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y desarrollados por la Corte IDH, cuenta también con un reconocimiento en la nueva Ley de Migración y Extranjería (art. 21 de la Ley 21.325). Así, las personas migrantes tienen derecho a gozar, en condiciones de igualdad, del acceso a un procedimiento e investigación racional y justo o a la asistencia y defensa jurídica cuando no puedan procurárselas por sí mismas”.
Finalmente, la académica del Centro de Derechos Humanos confirma en sus declaraciones que «el racismo aún está muy presente en el discurso y prácticas (sociales, culturales, jurídicas y políticas) cotidianas de las personas y del Estado chileno. La lucha contra el racismo y la xenofobia sigue siendo de máxima urgencia y nos debe movilizar como sociedad”.
Monserrat Lorca, periodista Vexcom U. de Chile
