En la semana que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Patricia Alvarado, coordinadora del Área de Diversidad Nacional, Cultural y Migrante de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, reflexiona sobre el rol de las universidades en esta materia.
A 58 años, desde que en 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, es justo reflexionar en torno a la generación del imaginario sobre la migración que racializa y criminaliza, además del rol de los medios de comunicación en este fenómeno.
Durante las últimas décadas los grandes movimientos poblacionales que se desplazan a territorio chileno son, en su gran mayoría, comunidades provenientes de Latinoamérica y el Caribe, grupos humanos que escapan de países empobrecidos por lógicas extractivistas instaladas desde la colonia. Estas lógicas se han arrastrado hasta el presente, desatando crisis políticas y económicas, dictaduras e incluso conflictos armados.
Múltiples investigaciones evidencian que son aquellas corporalidades migrantes, fisionomías indígenas o afrodescendientes, quienes sufren una mayor discriminación étnico-racial, pero: ¿cómo se originan aquellas narrativas que sirven de soporte para la elaboración de un imaginario sobre lo migrante en Chile?, ¿y cuál es la influencia de los medios de comunicación en la socialización de esta representación, que les subordina, racializa y criminaliza?
No es nueva la preocupación constante que se percibe en la vida pública por el aumento de la llamada “crisis migratoria”. El relato que los medios de comunicación elaboran, en torno a la llegada y permanencia de extranjeros a Chile, erige un discurso político creado en base a patrones, que vinculan intencionadamente al/la inmigrante con una selección estratégica de ciertos elementos de la realidad: altos índices de desempleo, narcotráfico, delitos de mayor connotación social, entre muchos otros. Todos estos factores se convierten en marcas, que influyen en la percepción de la opinión pública y se instalan, sistemáticamente, en el imaginario colectivo.
La idea del enemigo interno de la seguridad pública sirve como insumo para la construcción de narrativas individuales xenófobas y racistas. La pobreza (asociada históricamente a la delincuencia) se intersecta con color de piel, nacionalidad, estatus migratorio y con la idea de raza, (ésta última obsoleta en términos biológicos, sólo válida como categoría social): se castiga el origen, se castiga el desplazamiento, incluso el forzado, aún en aquellos casos se migra, buscando, básicamente, la sobrevivencia.
La influencia de estos discursos se evidencia en distintos estudios de opinión pública: según el Centro de Estudios Públicos (CEP), el 70% de las personas encuestadas (repartidos a lo largo del territorio chileno), afirman estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la llegada de extranjeros aumenta las cifras de criminalidad en el país (CEP-90,2023). Paralelamente, la encuesta Plaza Pública de CADEM en un estudio realizado en febrero del 2023, afirma que el 60% de las personas encuestadas cree que el supuesto aumento de la delincuencia se debe al ingreso de extranjeros y un 77% considera la inmigración mala para el país (CADEM, 2023). En tanto el informe “Migración y Delitos de Mayor Connotación Social”, del Centro de Estudios Migratorios, USACH, con fuente en bases de datos aportados por Carabineros de Chile, declara que “la participación de población extranjera, por Delitos de mayor connotación social, comprende un porcentaje menor al nacional”. (CEM, 2023). En la misma línea CIPER, en un estudio realizado el año 2021, afirma que “la inmigración ha tenido un impacto importante sobre las percepciones de las personas en temas de seguridad, pero un efecto nulo en victimización”; según esta información, se vuelven evidentes las incongruencias entre las percepciones de la opinión pública y el vínculo entre nmigración y delincuencia.
Frente a esta disonancia entre lo que muestran ciertas investigaciones y la exposición mediática, es deber de la Educación Superior denunciar y desmitificar dichos discursos fundados en fuentes espurias y narrativas que reproducen y promueven la discriminación racial y la criminalización, semillas que sólo incitan al odio hacia personas migrantes.
La Universidad, por tanto, debe fomentar la generación de líneas de acción e investigación que expongan la contribución multidimensional que trae la llegada de extranjeros/as a los países de acogida, impulsando a las instituciones de Educación Superior a la disputa de estos territorios de significación, aportando en la elaboración de otros imaginarios posibles sobre la migración en Chile.
¿Cómo? A través de todas las estrategias posibles. Por ejemplo: la elaboración de investigaciones para generar marcos normativos, que pongan énfasis en la inclusión e integración de personas en situación de movilidad; así como la generación de políticas públicas centradas en promover mecanismos claros y garantes de derechos con enfoques interculturales y antirracistas, abandonando el énfasis en el control y la restricción de la movilidad humana.
Debemos comprender cómo opera la discriminación interseccional y cómo ésta potencialmente determina la visibilidad pública y por tanto política de la comunidad migrante.
Es urgente difundir el saber, restándole primacía a determinados relatos (racistas) fundados en fuentes no tan confiables, como sucesos aleatorios, percepciones sesgadas y encuestas de opinión, por sobre relatos no racistas basados en investigaciones con método.
Por ende, son las instituciones de Educación Superior, espacios de generación de conocimiento, las llamadas a trabajar en la deconstrucción de los sistemas de creencias para disminuir la tendencia a que las comunidades migrantes sean obligadas a mantenerse en una situación de precarización y desigualdad social.
Patricia Alvarado, coordinadora del Área de Diversidad Nacional, Cultural y Migrante de la Oficina de Equidad e Inclusión.
