Este martes se realizó el panel virtual «Estallido social y derechos humanos: ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos?», en el que diversos actores sociales realizaron un balance del rol que ha jugado el Estado en esta materia desde la revuelta del 18 de octubre hasta hoy; espacio donde condenaron el discurso negacionista del gobierno en violaciones de lesa humanidad y su criminalización de la protesta. Participaron representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional Chile, Defensoría de la Niñez, Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Casa de Bello.
Desde que en la madrugada del 19 de octubre de 2019, el Presidente Sebastián Piñera decretara Estado de Excepción Constitucional en Santiago y desplegara a las fuerzas militares a la calle, tras la protesta social que estalló el día antes; las diferentes instituciones que velan por los Derechos Humanos en el país, encendieron las alarmas.
Fue el caso de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, que emitió ese mismo día una primera declaración pública donde advertía la posibilidad de que la medida diera paso a una represión desmedida contra quienes ejercían su derecho legítimo a manifestarse. Y así fue.
Este último año ha quedado demostrado que la violencia ejercida durante 17 años de dictadura no es un fantasma que recorre Chile, sino una realidad. «Hemos sido testigos de lo que creíamos erradicado de nuestra historia: las gravísimas y sistemáticas violaciones de los derechos de las personas perpetradas por agentes del Estado”, afirmó ayer la vicerrectora Faride Zeran, en la inauguración del panel virtual “Estallido social y derechos humanos: ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos?”, que también contó con el saludo inicial del rector Ennio Vivaldi.
La conversación se generó entre el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, el abogado Claudio Nash y los representantes de distintas instituciones de defensa de los DDHH, quienes durante dos horas realizaron un balance sobre el papel que ha jugado el Estado durante la revuelta social y los desafíos pendientes.
“Nos preocupa el panorama de Chile en un contexto en el que muchos países viven una regresión autoritaria. Son tiempos difíciles para los Derechos Humanos”, partió señalando Claudio Nash, lanzando las preguntas base al panel de expertos: “¿Hemos podido activar todos los mecanismos en defensa de los Derechos Humanos en nuestro país? ¿Son eficientes o insuficientes?”.
Para Jan Jareb, representante Regional para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no hay duda de que “los Derechos Humanos de las víctimas no han estado al centro del debate público ni de las toma de decisiones del gobierno”. Es más, Jareb calificó el discurso de las autoridades de “ambivalente” y acusó el “reiterante apoyo incondicional a Carabineros” que “pone en duda” y “relativiza”, las violaciones a los Derechos Humanos.
Durante octubre y noviembre de 2019, representantes de esta Oficina de la ONU visitaron Chile -gracias a una gestión de la Cátedra de Derechos Humanos- y posteriormente emitieron un informe donde confirmaron graves violaciones de lesa humanidad perpetrada, sobre todo, por Carabineros de Chile, pero también por las Fuerzas Armadas. Además el organismo hizo una serie de recomendaciones para detener estos abusos que ayer, Jareb evaluó de poco efectivas: “no se ha podido constatar un avance. Urge una profunda reforma de Carabineros y que las garantías de no repetición de violación a los Derechos Humanos se inicie ya”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, también se refirió a los diferentes informes emitidos por su organización que confirma las violaciones a los Derechos Humanos, pero que además detectaron una“criminalización de todas las personas que protestan y de un uso excesivo de la prisión preventiva para ellas”. Además señaló que los últimos días se constató un nuevo caso de trauma ocular por una lacrimógena lanzada por Carabineros y la mayor cantidad de denuncias corresponden a la toxicidad de los gases que están provocando graves quemaduras.
Piquer concordó en que el “apoyo irrestricto del gobierno hacia Carabineros debilita la democracia”, y ha sido “contraproducente” para avanzar en el apoyo y reparación hacia las víctimas de la revuelta. “Carabineros ha declarado que han hecho investigaciones internas, pero de lo que hemos podido pesquisar sólo 175 funcionarios implicados en violaciones a los DDHH han sido sancionados y sólo 16 de ellos apartados de la instituciones, y en estos casos han sido dados de bajo esgrimiendo faltas administrativas”, denunció.
Por su parte, la Defensora de la niñez, Patricia Muñoz, señaló que a junio de este año, han logrado contabilizar 818 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes durante la revuelta, siendo el 92 por ciento de ellos ejercidos por Carabineros.
“Hemos pedido la creación de una Comisión de justicia y reparación para dar espacio y reconocimiento a las víctimas y sostenemos que el Estado de Chile no solo ha violado gravemente los Derechos Humanos, sino que se ha negado a reconocerlas.No ha existido una voluntad de parte del Estado para cambiar esta situación”, sostuvo Patricia Muñoz.
Al igual que los otros panelistas, el representante de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, Miguel Astudillo, enfatizó en la violencia “sistemática” ejercida por las fuerzas de orden desde el estallido social y en la necesidad de llevar a cabo una “reforma de Carabineros”, pero también cree que es necesario hacer lo mismo con el poder judicial, que debería tener “una perspectiva de Derechos Humanos”.
En esa línea, Astudillo recordó cómo el gobierno no dudó en invocar la ley de Seguridad Interior del Estado en contra de un individuo que afirmó la necesidad de “derrocar al gobierno” en un asamblea universitaria, pero no lo hizo recientemente cuando se incautaron armas de un grupo de ultraderecha que amenazó a la fiscal Ximena Chong.
Además aseguró que ha habido un“incumplimiento de los estándares internacionales en la investigación de la violación a los derechos humanos desde el estallido social” y adelantó que este viernes la Defensoría Jurídica de la U. de Chile junto con el Centro de Derechos Humanos y de Justicia de las Américas presentarán un informe al respecto.
En esa misma línea se pronunció, Beatriz Contreras Reyes, jefa regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien reconoció su preocupación sobre cómo el poder judicial aborda estas causas y que a pesar de haber un instructivo claro, “cada fiscal lo recoge y aplica de la forma que mejor le parece y es preocupante que esto quede al criterio de funcionarios a cargo de llevar las mismas investigaciones”, afirmó.
“Se deben cumplir los estándares de la debida diligencia y se debe asegurar un tiempo razonable que garantice el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener resultados, sino esa prolongación también constituye otra violación de sus derechos”, aseguró Contreras.
Y aludió a otro problema. “Debemos poner ojo en la mala utilización de la facultad que tiene la fiscalía de “no perseverar en la investigación”, ya que esta sigue siendo la segunda mayor causa de cierre de investigaciones y sin motivos demasiado claros”, agregó la jefa regional del INDH.
Durante la ronda de preguntas del público, el representante regional para América del Sur de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jareb, contestó sobre la verdadera eficacia que tienen estos organismos ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se dan en países como el nuestro.
“Sin duda que es útil mantener estas reflexiones y necesitamos construir sinergias para lograr entrar más en el espacio público para que la lógica de derechos humanos se vuelva dominante. Puede que este gobierno se niegue a seguir nuestras recomendaciones, pero puede que el siguiente gobierno sí lo haga, como nos sucedió en México hace tres años atrás, y debemos estar preparados para ese momento”, concluyó el diplomático.
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